Hoy me han pasado una noticia que cuando he acabado de leerla me ha hecho pensar dos cosas, la primera es que estamos convirtiendo a nuestra sociedad en una sociedad que ya no nos gusta ni a nosotros mismos y la segunda es que cuando parara de suceder cosas como esta. Pero también me pregunto ¿es esto justicia? O simplemente es que nos conformamos con que las cosas sean así, con lo que disponen unos políticos sobres nuestras vidas, sobre nuestra convivencia y que no haya manera de cambiar las cosas si no se hacen como deben hacerse. También tengo claro que la culpa es nuestra porque cuando podemos cambiar las cosas no lo hacemos como debiéramos.
Pero la noticia que os quería transmitir me parece que refleja lo confundidos que tenemos los papeles los españoles de hoy. Esta es la historia.
Hace unos días se supo que un policía nacional, de esos que se juega la vida diariamente por nosotros, iba a ser condenado por el Tribunal Supremo a inhabilitación tras una intervención en la que incluso le habían concedido
Los protagonistas de esta patética historia, les llamaré Julio y Marina, son dos agentes destinados en el mismo sitio, compañeros de patrulla, e ilusionados con su trabajo y que, hasta entonces, se jugaban la vida todos los días codeándose con delincuentes, maltratadores, ladrones y demás sinvergüenzas, contentos de hacer un bien a la comunidad y creyéndose respaldados por el sistema judicial.
Un día estos sentimientos cambian de golpe, Marina es agredida por un chico de origen marroquí de unos 22 años. Ella, cumpliendo con su obligación sólo le había pedido el DNI en un control de documentación establecido cerca de una zona de marcha. Al darse la vuelta, él se abalanzó sobre ella y le dio una patada en la espalda con tal fuerza que no sólo la tiró al suelo sino que le produjo un grave esguince cervical de grado III.
El agresor, es detenido inmediatamente por atentado contra agente de la autoridad, no sólo no se muestra arrepentido, si no que incluso increpaba a los agentes por permitir a una mujer tal actitud, diciéndoles que él sólo hizo lo que manda su religión y que es lo que los agentes presentes deberían de haber hecho. Este es el resultado de la famosa «alianza de civilizaciones» y la integración social de los inmigrantes.
El detenido, tras pasar 24 horas en el calabozo, donde continuaba insultando a los agentes y deseando haber roto el cuello a su compañera, según sus palabras literales, es conducido al Juzgado para ser puesto a disposición judicial. Julio, el otro agente protagonista, es uno de los agentes que lo custodiará. Durante el camino, y en los juzgados, el detenido continuaba increpando a los agentes y deseando la muerte de su compañera, hasta que da comienzo el juicio.
En el Juzgado está Marina, llorando, dolorida, aterrada, con un collarín y sin abogado. El detenido lo niega todo, habla de agresión por parte de los agentes que lo custodiaban, de racismo, vejaciones..., incluso menciona que uno de los agentes sacó su arma para amenazarle en el calabozo (totalmente falso como se comprueba con las cámaras del calabozo).
Al finalizar el juicio, el detenido es conducido por los agentes hacia el calabozo del Juzgado. Los agentes que lo custodiaban, hartos de aguantar sus comentarios, y muy mosqueados después de asistir a sus declaraciones en la vista oral, y después de escuchar como el detenido comentaba: “menuda carita que tenía la zorra”, en referencia a su compañera, recibe un “cállese de una puta vez” por parte de Julio que, sin saber cómo, presenció Su Señoría, quien lo llamó inmediatamente.
El resultado de todo esto es el siguiente:
Julio recibe una comunicación por parte del Juez de que le aplicará el Régimen Disciplinario, proponiéndole para una sanción. Además, el Juez informa al detenido del derecho que le asiste a denunciar a Julio por lo ocurrido. Y Marina estará de baja durante 22 días.
La Sentencia determina lo siguiente:
· El marroquí es condenado por amenazas (60€), condenado por una falta que el Juez cataloga como de "agresión sin lesión" (0€), y condenado por resistencia grave a agente de la autoridad (120€).
· Julio fue expedientado y le sancionaron con 8 días de haberes por mandar a callar al detenido. Está pendiente del juicio por la denuncia del agresor de Marina que, con toda probabilidad, juzgará el mismo Juez, pudiendo incluso ser inhabilitado.
Resumiendo, al agresor lo condenan a pagar 180 €, que no pagará, no es expulsado y es puesto en libertad, y los agentes, una de baja por una agresión que, según el Juez, no hubo, y el otro expedientado y sancionado. ¿Es esto justicia? Pues esto es lo que está pasando. El coste de las lesiones de la policía agredida, la pérdida de sus haberes durante el tiempo de baja, la manutención de sujeto durante la detención, la patrulla de 6 policías encargada de su custodia durante este tiempo, dejando de hacer otras funciones, los gastos de traslados, los haberes del sancionado, las costas del juicio, etc. ¿Todo esto quién lo paga? ¿El Juez? ¿Los 180 €, que no se van a cobrar? ¿Los políticos? Pues no señores, lo paga el Estado, es decir que lo pagamos todos.
Este es un hecho real que ocurre en nuestro país y más a menudo de lo creemos. La policía lesionada, quiere dejar de serlo, ya no quiere salir a patrullar, tiene miedo…miedo a la justicia.
Por supuesto esto no sale en los periódicos, ni en la televisión, ni siquiera en internet. Esto no da votos. Pero es lo que hay amigos.
Foto: Detención policial.
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